La Audiencia Provincial de Cádiz ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal nº2, que condenaba a A.B y a J.B a un año de prisión y una multa por un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones a dos policía locales.
Los hechos ocurrieron durante la celebración de los pasados carnavales cuando agentes de la policía local disolvieron una concentración de personas que se encontraban divirtiéndose en la plaza de la Cruz Verde en la madrugada del domingo. Fuentes policiales aseguran que algunos de ellos incluso iban disfrazados y parecían participar en algun tipo de fiesta popular.
Así las cosas, la policía se vio obligada a utilizar sus armas de persuasión democrática, siempre dentro de los límites del Estado de derecho. Fue entonces cuando los jóvenes violentos allí reunidos comenzaron a atacar a los agentes, golpeando sus porras con diferentes partes del cuerpo, espaldas, muslos y antebrazos especialmente. Uno de los acusados se dirigió a los policías con la amenazadora intención de dialogar (siendo bien sabido que dialogar es cosa de terroristas), y a continuación agredió a uno de ellos dándole un par de pechazos en los puños. Mientras, el otro joven condenado, daba rienda suelta a su voyerismo filmando la escena con el móvil, seguramente con la intención de colgar el video en youtube junto a otras filmaciones de bulling y pederastia. Los agentes, viendo atacada su intimidad y vulnerados sus derechos de imagen, actuaron en consecuencia arrestando posteriormente al joven voyer que se hallaba en un centro médico haciendo no se sabe muy bien qué.
Pese al cruce de acusaciones entre testigos y policías, la autoridad judicial no ha dudado ni un instante de la autoridad policial y afortunadamente (el Estado de derecho funciona, for God sake!) se ha inclinado a favor de los policías ya que, según dice la sentencia, “no hay razón alguna para dudar de la credibilidad de los agentes policiales, que ni conocían ni tenían motivo para implicar a los acusados en los hechos”.Es decir, que los agentes no guardan parentesco alguno con ninguno de los dos jóvenes (y por tanto no tendrían motivo para agredirles) y que jamás la policía ha utilizado la contradenuncia para eludir acusaciones de abuso de poder o brutalidad policial.
Es más, la simple duda ofende, a quien ajos come. El portavoz del Sindicato de Policía Local, Francisco Rama, está valorando denunciar a la letrada de la defensa, «por las barbaridades que dijo como afirmar que había habido abuso de autoridad. En los últimos 20 años no ha habido ni una condena contra la Policía Local de Cádiz». ¿Abuso de autoridad? ¿Connivencia entre el poder judicial y el policial? Por dios, quién puede creerse eso. ¿Cómo van a abusar unos pobres hombres uniformados, equipados tan sólo de una pistola, una porra, unas esposas y una placa? Unos hombres que son la máxima expresión de la filantropía, el humanismo y la intelectualidad.
Aiiins, si es que ya no saben qué inventar.
Los hechos ocurrieron durante la celebración de los pasados carnavales cuando agentes de la policía local disolvieron una concentración de personas que se encontraban divirtiéndose en la plaza de la Cruz Verde en la madrugada del domingo. Fuentes policiales aseguran que algunos de ellos incluso iban disfrazados y parecían participar en algun tipo de fiesta popular.
Así las cosas, la policía se vio obligada a utilizar sus armas de persuasión democrática, siempre dentro de los límites del Estado de derecho. Fue entonces cuando los jóvenes violentos allí reunidos comenzaron a atacar a los agentes, golpeando sus porras con diferentes partes del cuerpo, espaldas, muslos y antebrazos especialmente. Uno de los acusados se dirigió a los policías con la amenazadora intención de dialogar (siendo bien sabido que dialogar es cosa de terroristas), y a continuación agredió a uno de ellos dándole un par de pechazos en los puños. Mientras, el otro joven condenado, daba rienda suelta a su voyerismo filmando la escena con el móvil, seguramente con la intención de colgar el video en youtube junto a otras filmaciones de bulling y pederastia. Los agentes, viendo atacada su intimidad y vulnerados sus derechos de imagen, actuaron en consecuencia arrestando posteriormente al joven voyer que se hallaba en un centro médico haciendo no se sabe muy bien qué.
Pese al cruce de acusaciones entre testigos y policías, la autoridad judicial no ha dudado ni un instante de la autoridad policial y afortunadamente (el Estado de derecho funciona, for God sake!) se ha inclinado a favor de los policías ya que, según dice la sentencia, “no hay razón alguna para dudar de la credibilidad de los agentes policiales, que ni conocían ni tenían motivo para implicar a los acusados en los hechos”.Es decir, que los agentes no guardan parentesco alguno con ninguno de los dos jóvenes (y por tanto no tendrían motivo para agredirles) y que jamás la policía ha utilizado la contradenuncia para eludir acusaciones de abuso de poder o brutalidad policial.
Es más, la simple duda ofende, a quien ajos come. El portavoz del Sindicato de Policía Local, Francisco Rama, está valorando denunciar a la letrada de la defensa, «por las barbaridades que dijo como afirmar que había habido abuso de autoridad. En los últimos 20 años no ha habido ni una condena contra la Policía Local de Cádiz». ¿Abuso de autoridad? ¿Connivencia entre el poder judicial y el policial? Por dios, quién puede creerse eso. ¿Cómo van a abusar unos pobres hombres uniformados, equipados tan sólo de una pistola, una porra, unas esposas y una placa? Unos hombres que son la máxima expresión de la filantropía, el humanismo y la intelectualidad.
Aiiins, si es que ya no saben qué inventar.
Como podemos comprobar en la imagen, una joven violenta se dispone a agredir a un agente, golpeando la porra policial con sus antebrazos. En este caso, tampoco el policía "conoce ni tiene motivos para implicar" a la susodicha en los hechos. También en esta ocasión hubo algunos indeseables que dijeron "barbaridades", como afirmar que "había habido abuso de autoridad". Por supuesto, NO hubo condena alguna contra el agente, otro motivo de orgullo para los sindicatos policiales.
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