Algo contra la crisis

No sólo Aznar tiene la solución para salir de la crisis. Además de las ya consabidas medidas de recorte de salarios, ayuda pública a las empresas, flexibilización del mercado laboral, reducción del gasto público y bajada de pantalones de la clase trabajadora en general, comienzan a escucharse nuevas propuestas que, por una vez, no se preocupan únicamente de los beneficios empresariales y de la comodidad de la clase acomodada.

El ICEA (Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión) acaba de elaborar un informe, coeditado por la editorial La Malatesta, sobre la crisis económica mundial y sus efectos en España,en el que estudian, desde la teoría económica y desde una perspectiva anarcosindicalista, sus causas y sus consecuencias.

Para combatir el desempleo, la inflación, la precariedad de las condiciones generales de vida y todo lo que lleva aparejado una crisis capitalista, los miembros del ICEA han propuesto una serie de medidas que van desde lo reformista hasta lo progresivo-revolucionario. Por lo sensato y lo concreto de sus propuestas, queremos hacernos eco de aquellas que, creemos, tendrían mayor acogida entre la población.

Por ejemplo, visto lo que cobran algunos cargos públicos, no sería mala idea la reducción del sueldo a un máximo de 1.600 euros para todos los políticos y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Como tampoco lo sería que quienes más se han beneficiado antes de la crisis (y que con ella se están beneficiando) corran a cargo de sus nefastas consecuencias para el resto de la población. Lo cual se traduciría en la creación de impuestos sobre los beneficios de todas las empresas para destinarlos a inversiones de interés social con las que complementar las políticas de creación de empleo y reforma estructural, así como el incremento de la tasa de IRPF para las rentas más altas, del Impuesto de Sociedades, del IVA para los artículos de lujo (y su eliminación en los bienes de primera necesidad), etc.

Estas sencillas y nada ambiciosas medidas reformistas bastarían para paliar los efectos devastadores de una crisis que, una vez más, pretenden que la paguemos los trabajadores.